Por Iván Acosta
¡Hola, qué tal!
A tres semanas del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, un beneficio migratorio que protege a 348,000 de estos nacionales, Doral, la ciudad con mayor concentración de migrantes de ese país en Estados Unidos, ha comenzado a sentir sus consecuencias, según informaron a EFE políticos, empresarios y residentes.
Conocida como «Doralzuela», esta ciudad situada al noroeste de Miami alberga a más de 84,000 residentes, de los cuales más del 40 % tienen raíces en Venezuela.
«Gran parte de nuestra comunidad venezolana tiene TPS. Muchos son dueños de negocios, otros son trabajadores que han desempeñado un papel crucial en mantener nuestra economía en auge», expresó el concejal Rafael Pineyro, nacido en Caracas.
Según la Alcaldía de Doral, la ciudad alberga ciudadanos de 18 países; sin embargo, «en cada empresa, en cada negocio, se encuentran empleados venezolanos, muchos trabajando legalmente gracias a las dos medidas del TPS», indicó Pineyro.
Una ciudad en riesgo de colapso
Fundada en 2003, Doral pasó de ser un área principalmente rural a convertirse en una de las zonas más pujantes del área metropolitana de Miami, que pertenece al condado Miami-Dade.
En la ciudad tienen sus sedes importantes compañías como:
✅ Telemundo y Univision (principales cadenas de televisión en español).
✅ Carnival, gigante de los cruceros.
✅ Avianca y El Al, aerolíneas internacionales.
✅ El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
La vicealcaldesa Maureen Porras ha advertido que Doral podría sufrir un «colapso económico devastador» si la comunidad venezolana disminuye drásticamente.
El TPS, otorgado a dos grupos de venezolanos desde 2021 (el segundo vence en septiembre), ha permitido que muchos en la comunidad contraigan compromisos financieros, como la compra de vehículos y hasta hipotecas, agregó Pineyro.
El impacto en la comunidad
El temor ante lo que ocurrirá a partir del 7 de abril, cuando vence el primer TPS, por órdenes del Gobierno de Donald Trump, se percibe en cada rincón de Doral.
«La gente ya se ha empezado a esconder y a ahorrar. Tengo muchos amigos con TPS que se están preparando para funcionar como indocumentados», relató un vendedor de autos, quien, al igual que otros entrevistados, pidió no revelar su identidad.
Además, mencionó que su empresa ha registrado la devolución de 162 vehículos en las últimas semanas. «Los habían comprado para trabajar en negocios de repartición de comida, supermercados o como conductores de Uber y Lyft, pero ahora tienen miedo de ser más vulnerables en caso de redadas de deportación», señaló.
La encargada de un servicio de lavado de vehículos indicó que el tráfico de clientes cayó en un 50 % desde que se anunció la decisión de no renovar el TPS.
«Las ventas han bajado aún más. Ya nadie pide el servicio ‘premium’ (el más costoso)», aseguró.
Por otro lado, varios negocios han comenzado a buscar empleados, pero sin éxito.
«Nadie con TPS quiere estar en servicio al público», comentó una vendedora de una tienda de alimentos.
El icónico restaurante El Arepazo, considerado el epicentro de los venezolanos en Doral, ha visto una caída en su clientela.
«Nunca lo he visto así. Antes había que hacer fila todo el tiempo, especialmente a la hora del almuerzo», contó un solitario comensal.
Incertidumbre sobre el futuro
El presidente de la Cámara de Comercio de Doral, Manny Sarmiento, señaló que la situación actual se debe a la incertidumbre, pero alertó que los verdaderos efectos se verán a largo plazo.
«El verdadero daño lo veremos a lo largo del año, cuando se sepa quiénes se autodeportaron, quiénes decidieron quedarse y arriesgar cárcel o deportación, y si habrá redadas en la ciudad para capturar a los criminales indocumentados», advirtió.
En un intento por revertir la decisión, organizaciones de derechos de los inmigrantes han presentado una demanda en un tribunal federal en Boston, argumentando que la aceleración del fin del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales, lo que violaría la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU..
Según la Oficina del Censo de EE.UU., en 2023 residían aproximadamente 900,000 personas de origen venezolano en el país.
El concejal Pineyro enfatizó que, aun si la iniciativa logra postergar el fin del TPS, sería una solución temporal.
«Nuestra meta como comunidad es crear una solución permanente para los venezolanos y para todos los inmigrantes de bien, sin importar de dónde vengan, para que sigan beneficiando a sus comunidades y a todo el país», subrayó.
¡Hasta la próxima, amigos!
